Para el adecuado funcionamiento del libre mercado, particularmente en el sector agrícola, es imprescindible contar con una eficaz y adecuada institucionalidad para que se mantenga un sano y necesario equilibrio entre todos los actores que están involucrados en el proceso comercial.

Durante el desarrollo de la Mesa Agrícola quedó de manifiesto que la institucionalidad económica vigente no estaba en condiciones de eliminar en forma efectiva, los factores que generan distorsiones en costos y precios, expresados a través de dumping, monopolios y otras practicas que ocasionan graves perjuicios a los productores nacionales.

La idea de modificar el Decreto Supremo 211 de 1973 o Ley Antimonopolios se volvió generalizada, por parte de todos los sectores productivos, puesto que las carencias del sistema entraban el normal desenvolvimiento de la actividad económica en general y con mayor énfasis en el sector agrícola.

Esta situación se produce, especialmente, tanto por la conformación y facultades de las Comisiones Preventiva y Resolutiva, y de la Fiscalía Nacional Económica como también de los procedimientos y plazos y estipulados para investigar y sancionar los delitos y contravenciones emanadas en esa disposición legal.

Frente a esta situación, y en conocimiento de la determinación de la autoridad de elaborar un proyecto de ley que modificara el D.D. 211, la Sociedad Nacional de Agricultura entregó a los Ministros de Interior, Agricultura, Economía y Secretaría General de la Presidencia, una proposición para que fuese considerada en la iniciativa gubernamental. En ella, la SNA propone que las Comisiones Preventiva y Resolutiva de la Ley Antimonopolios se transformen en tribunales económicos de primera y segunda instancia, respectivamente.

En la propuesta también se sugieren radicales modificaciones a la Fiscalía Nacional Económica al nombramiento de sus integrante, a los plazos y al procedimiento destinado a sancionar las respectivas contravenciones a su potestad.

De este modo, la Sociedad Nacional de Agricultura est. participando activamente en el proceso de reestructuración de los organismos que darán transparencia, rapidez y eficiencia a las partes involucradas en el complejo proceso de la producción y comercialización, y estaremos velando por una real libre competencia.

De acogerse estas propuestas institucionales y materializarse luego en un acuerdo político transversal, la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión Preventiva y Resolutiva podrían transformarse en tribunales económicos en condiciones de resolver con rapidez situaciones conflictivas como las que se han presentado hoy en rubros tales como leche y arroz.

Esta nueva institucionalidad constituirá, además, una consolidación del sistema de libre mercado, al eliminarse en la practica las distorsiones que pueden generarse en éstos, como también los argumentos que esgrimen sus detractores a la mantención y consolidación del modelo económico.

ANDRÉS SANTA CRUZ LÓPEZ

PRESIDENTE SNA